13 de octubre de 2006, el Capitán Staffel recibe información sobre la localización de un tal Buntangyar, acusado de haber organizado ataques suicidas y colocado bombas en Afganistan (el acrónimo en inglés es IED). Un equipo de las fuerzas especiales de los EEUU, la policía nacional afgana y agentes de patrulla de fronteras se dirigen hacia la localidad donde se encuentra Buntangyar; este ya había sido calificado "como objetivo” y como tal podría ser legalmente asesinado una vez identificado. Mientras que la policía se dedica a su tarea, el capitán Staffel confirma el permiso para disparar al sargento Anderson y así lo hace.
En junio de 2007, el capitán Staffel y el sargento Anderson son acusados de homicidio premeditado (asesinato) convocándose una audiencia preliminar (o previa) en Fort Bragg para valorar las pruebas existentes contra los dos hombres. El enjuiciamiento se funda en las diferentes interpretaciones de la clase de fuerza que empleo el equipo de las Fuerzas Especiales que mató Nawab Buntangyar.
En principio y de la información disponible, la intervención del equipo de fuerzas especiales fue de manual y respetuosa con las reglas de enfrentamiento (en adelante ROE) del Ejercito Norteamericano en la zona. De hecho, la primera investigación del Comando de Investigación Criminal del ejercito (en literal y CIC, acrónimo) se archivo sin ninguna acusación.
No obstante la persistencia del General Frank H. Kearney, ha conseguido el enjuiciamiento de los dos soldados bajo la calificación de asesinato ilegal. Parece ser que este General está empeñado en controlar la actividad de las unidades de fuerzas especiales que actúan bajo su mando y, en marzo ordenó una rápida investigación de otra unidad de élite (esta vez de la Marina) acusada de matar a civiles afganos. La intervención de este general ha sido muy criticada por soldados y algunos medios de comunicación porque las condiciones en Afganistan no son precisamente las ideales para unas ROE muy restrictivas.
El problema que se plantea es el de los límites del uso de fuerza letal y su relación con los objetivos de su empleo, porque en Afganistan, hasta la fecha, no se ha demostrado que la detención ( y no el asesinato) de sospechosos haya provocado la disminución los ataques con las fuerzas internacionales.
Y lo de siempre, para cubrir el expediente sobre el verdadero objetivo de este BLOG, que debería ser de futuro y acabará dedicándose a la historia del Derecho. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, - que está muy locuaz- afirmó hoy que la reforma de la administración de Justicia está "abocada al fracaso" si, a pesar de aplicarse las nuevas tecnologías, la gestión de los procedimientos "sigue siendo del siglo XIX". Como solución, propuso que se acometan reformas procesales profundas y se racionalice el acceso a la administración de Justicia, ya que está "demasiado al alcance de los ciudadanos", con lo que pretende evitar grandes abusos, además de reducir el número de asuntos.
Una novedad, vamos.
En junio de 2007, el capitán Staffel y el sargento Anderson son acusados de homicidio premeditado (asesinato) convocándose una audiencia preliminar (o previa) en Fort Bragg para valorar las pruebas existentes contra los dos hombres. El enjuiciamiento se funda en las diferentes interpretaciones de la clase de fuerza que empleo el equipo de las Fuerzas Especiales que mató Nawab Buntangyar.
En principio y de la información disponible, la intervención del equipo de fuerzas especiales fue de manual y respetuosa con las reglas de enfrentamiento (en adelante ROE) del Ejercito Norteamericano en la zona. De hecho, la primera investigación del Comando de Investigación Criminal del ejercito (en literal y CIC, acrónimo) se archivo sin ninguna acusación.
No obstante la persistencia del General Frank H. Kearney, ha conseguido el enjuiciamiento de los dos soldados bajo la calificación de asesinato ilegal. Parece ser que este General está empeñado en controlar la actividad de las unidades de fuerzas especiales que actúan bajo su mando y, en marzo ordenó una rápida investigación de otra unidad de élite (esta vez de la Marina) acusada de matar a civiles afganos. La intervención de este general ha sido muy criticada por soldados y algunos medios de comunicación porque las condiciones en Afganistan no son precisamente las ideales para unas ROE muy restrictivas.
El problema que se plantea es el de los límites del uso de fuerza letal y su relación con los objetivos de su empleo, porque en Afganistan, hasta la fecha, no se ha demostrado que la detención ( y no el asesinato) de sospechosos haya provocado la disminución los ataques con las fuerzas internacionales.
Y lo de siempre, para cubrir el expediente sobre el verdadero objetivo de este BLOG, que debería ser de futuro y acabará dedicándose a la historia del Derecho. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, - que está muy locuaz- afirmó hoy que la reforma de la administración de Justicia está "abocada al fracaso" si, a pesar de aplicarse las nuevas tecnologías, la gestión de los procedimientos "sigue siendo del siglo XIX". Como solución, propuso que se acometan reformas procesales profundas y se racionalice el acceso a la administración de Justicia, ya que está "demasiado al alcance de los ciudadanos", con lo que pretende evitar grandes abusos, además de reducir el número de asuntos.
Una novedad, vamos.
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